Según un reciente estudio realizado por encargo de la Comisión Europea, la mayoría de los 28 estados miembros ya han activado las directrices incluidas en el Artículo 8 de la Directiva Europea 2012/27/UE sobre auditorías energéticas y sistemas de gestión energética en grandes empresas. Sin embargo, la transposición de la normativa aún está en proceso en muchos países.
Bajo el título Estudio sobre la Eficiencia Energética en las Empresas: Auditorías Energéticas y Sistemas de Gestión de la Energía, el informe ha sido elaborado por Ricardo Energy & Environment y Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research. Su objetivo es analizar el cumplimiento de las directrices en las grandes compañías y los estímulos que reciben las pequeñas y medianas empresas por parte de los gobiernos.
El informe indica también que algunos estados miembros proporcionan incentivos financieros a las compañías que llevan a cabo auditorías energéticas. En muchos países, los gobiernos nacionales han desarrollado diversas herramientas para ayudar a las empresas a implementar las directrices del Artículo 8, como eventos informativos, portales online y líneas telefónicas de ayuda.
Además, para asegurar que las grandes empresas están cumpliendo con la normativa, algunos estados también están realizando auditorías obligatorias y otros realizan comprobaciones en compañías elegidas al azar. Las penas por incumplir la Directiva oscilan entre los 10.000 euros, como es el caso de Austria, hasta los 200.000 euros en Rumanía.
Para las empresas más pequeñas, el informe ha constatado que existen programas de apoyo finaniero para llevar a cabo las auditorías energética. En Alemania, por ejemplo, el Programa de Consulta Energética para las pymes provee hasta el 80% del coste con un techo de 8.000 euros.
La información presentada en este estudio fue recopilada antes de septiembre de 2015. Por lo tanto, el análisis describe la situación existente hasta finales del último verano. En aquel momento, España figuraba entre los países donde la transposición del Artículo 8 se encontraba proceso, junto a Bélgica, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Polonia. España transpuso finalmente el artículo 8 en febrero de 2016, con la aprobación del Real Decreto 56/2016.
