Así figura en una de las disposiciones adicionales contenidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, con la que el Gobierno fija el control de Hacienda para este tipo de inversiones en caso de que igualen o superen los 6 millones de euros.
En la disposición, recogida por Europa Press, el Gobierno exige a todo ente público - que engloba empresas públicas, consorcios, fundaciones o universidades públicas no transferidas a entes territoriales- un informe vinculante del Ministerio.
Así, Hacienda deberá pronunciarse "sobre las repercusiones presupuestarias y compromisos financieros" que conlleve el contrato, así como sobre "su incidencia en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, según lo establecido en la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
Además, con independencia de la cuantía del contrato, antes de aprobar el expediente de contratación o la modificación del mismo, también será necesario obtener este informe de Hacienda cuando en su financiación se prevea cualquier forma de ayuda o aportación estatal o el otorgamiento de préstamos o anticipos.
Fuente: Europa Press
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